La exvicepresidenta de J.P. Morgan para Latinoamérica y especialista en banca de inversión, Susana de la Puente, analiza el papel que desempeña la fiscalidad en las primeras etapas de los proyectos liderados por jóvenes. Su reflexión destaca que las obligaciones tributarias pueden representar tanto un freno estructural como una oportunidad estratégica si se acompañan de incentivos adecuados y bien administrados.
El emprendimiento juvenil es reconocido como un elemento esencial para la renovación del tejido económico y la generación de competitividad a largo plazo. La consolidación de estas iniciativas depende de variables múltiples, entre las que la fiscalidad ocupa un lugar central. La estructura tributaria puede servir de soporte al desarrollo empresarial o, por el contrario, generar barreras significativas en los momentos más decisivos del ciclo emprendedor.
De la Puente subraya que la carga tributaria temprana constituye uno de los principales obstáculos para quienes emprenden. En los inicios, los ingresos son inciertos y los márgenes extremadamente limitados, mientras que las obligaciones fiscales exigen un nivel de cumplimiento propio de empresas ya consolidadas. Este desequilibrio afecta la viabilidad de los proyectos individuales y repercute en el dinamismo del ecosistema emprendedor, reduciendo la innovación, la captación de talento y la generación de empleo.
La carga fiscal en las primeras fases del emprendimiento
En las etapas iniciales de un proyecto, la eficiencia en la asignación de recursos es determinante. Los jóvenes emprendedores operan en un entorno donde cualquier decisión financiera influye en la continuidad y el desarrollo del negocio. La carga fiscal temprana condiciona la planificación estratégica y limita el crecimiento orgánico.
Las cuotas de seguridad social, los impuestos sobre la renta y los tributos sobre sociedades representan obligaciones de difícil cumplimiento cuando los flujos de caja son reducidos. Esta presión limita la reinversión, disminuye la capacidad de innovación y eleva el riesgo de cierre prematuro, afectando la percepción del emprendimiento entre los jóvenes. A ello se suman los costes asociados a la complejidad administrativa, que suele requerir asesoría profesional y eleva los gastos operativos.
Desde la perspectiva de inversores y entidades de capital, estos factores elevan la percepción de riesgo. Esto dificulta el acceso a financiación, lo que a su vez reduce las posibilidades de supervivencia de proyectos con alto potencial innovador.
Los incentivos como instrumentos de desarrollo
Los incentivos fiscales, cuando se emplean de manera estratégica, pueden contrarrestar las limitaciones del sistema tributario. Deducciones por I+D, bonificaciones para la contratación de jóvenes y regímenes especiales para startups permiten aliviar la presión económica durante los primeros años.
Estas medidas aumentan la liquidez, reducen el riesgo percibido por los inversores y crean condiciones para reinvertir y crecer. El caso del Reino Unido, con programas como el SEIS, evidencia el impacto positivo de estos incentivos en la consolidación de ecosistemas emprendedores.
La aplicación eficaz de políticas fiscales orientadas a la innovación produce efectos amplificados: diversifica el ecosistema, estimula la creación de soluciones tecnológicas, favorece la internacionalización y fortalece la competitividad. De la Puente destaca que estas condiciones facilitan que los jóvenes emprendedores conviertan ideas iniciales en proyectos escalables.
Comparativa internacional abordada por Susana de la Puente
Europa presenta diferencias notables: mientras el Reino Unido y Francia disponen de esquemas robustos para apoyar el emprendimiento innovador, España mantiene un marco percibido como más rígido y disperso, a pesar de la Ley de Startups y otros incentivos recientes.
En Estados Unidos, la combinación de deducciones para I+D con programas como el SBIR ha potenciado un ecosistema de referencia, aunque el acceso a estos instrumentos depende de capacidades administrativas que no siempre están al alcance de los jóvenes.
En América Latina, países como República Dominicana, con su Ley No. 688-16, y Chile, mediante políticas fiscales orientadas a la innovación y exenciones tributarias en los primeros años, están avanzando hacia entornos más favorables para la creación de empresas emergentes.
Los países que logran equilibrar incentivos, acceso a capital, formación y simplificación administrativa generan condiciones para que los jóvenes emprendedores consoliden proyectos y escalen con mayor facilidad. No obstante, De la Puente resalta que quienes emprenden continúan enfrentando vulnerabilidades significativas debido a la obligación de cumplir con un sistema tributario en momentos de incertidumbre económica y escasez de recursos.
